Un veto que amenaza al turismo legal y a la economía local
El pasado 22 de julio, el Ayuntamiento de Alicante aprobó –con los votos de PP y PSOE– prorrogar la moratoria que impide otorgar nuevas licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT), ampliándola ahora a bloques completos hasta enero de 2027.
Ante esta decisión, ApturCV ha formalizado una demanda contencioso-administrativa en el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Alicante para solicitar la suspensión cautelar de la medida y su anulación definitiva.
“La moratoria se ha adoptado sin informes que acrediten saturación turística y vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad y libertad de establecimiento”, subraya la presidenta de ApturCV, Silvia Blasco.
Falta de justificación técnica y trato desigual
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Sin informes objetivos: los propios estudios municipales concluyen que Alicante no sufre alta presión urbanística por parte de las VUT.
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Discriminación frente a hoteles: la modificación del PGOU limita solo a las VUT, mientras hoteles, hostales o pensiones pueden seguir ampliando oferta.
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Riesgo de inseguridad jurídica: la patronal recuerda que la medida choca con la Ley de Turismo valenciana, la Ley de Unidad de Mercado y directivas europeas sobre libre competencia.
Impacto económico y social de las VUT legales en Alicante
Un informe de la consultora inAtlas cifra en 831 millones de euros el impacto que las viviendas turísticas generaron en la ciudad durante 2024, con casi 4.000 empleos directos e indirectos.
La moratoria, advierte ApturCV, pone en jaque a un sector profesionalizado, reduce la oferta regulada y favorece el aumento del alquiler ilegal, justo lo contrario de lo que persigue la normativa autonómica aprobada hace un año para combatir el intrusismo.
Balance de la normativa autonómica: 20.000 pisos ilegales cerrados
Mientras algunos consistorios optan por vetar la actividad legal, la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana destaca que la normativa autonómica ha permitido cerrar 20.000 viviendas sin licencia e intensificar las inspecciones contra la oferta clandestina.
“Limitar a quienes cumplen la ley solo incrementará la economía sumergida y dañará la competitividad del destino”, insiste ApturCV.
Las peticiones de ApturCV
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Archivado de la moratoria y apertura de una mesa técnica con el sector.
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Refuerzo de las inspecciones a operadores ilegales, en lugar de vetos generalizados.
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Medidas específicas y proporcionadas solo en zonas realmente saturadas.
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Respeto al marco autonómico y europeo que protege la libre competencia y la actividad turística profesional.
Próximos pasos legales
La asociación ha solicitado medidas cautelares para paralizar de inmediato la moratoria mientras el juzgado analiza el fondo del asunto. De prosperar la demanda, el Ayuntamiento se vería obligado a levantar la suspensión y tramitar las licencias conforme a la normativa autonómica.
ApturCV defiende el turismo legal, responsable y sostenible. La solución a los retos de la ciudad pasa por combatir el fraude y dialogar con los profesionales, no por cerrar la puerta a una actividad regulada que genera riqueza y empleo.
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